La aprobación de la llamada “reforma de la reforma” judicial desató un feroz enfrentamiento retórico en la tribuna del Senado de la República, donde los partidos de oposición acusaron al oficialismo de intentar ocultar deficiencias logísticas y operativas. Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano unieron críticas para señalar que los nuevos cambios constitucionales representan una contradicción directa con el discurso gubernamental originalmente planteado.
Según los datos consignados por El Universal, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, afirmó que este nuevo proyecto no busca resolver la crisis de justicia, sino contener el desgaste político, económico e internacional. La legisladora sostuvo que el texto en discusión es un reconocimiento implícito del fracaso de la reforma aprobada en 2024, calificando las modificaciones actuales como un simple parche enviado desde el Poder Ejecutivo.
Durante el debate, la senadora priista Carolina Viggiano reprochó que se pretenda mantener una estrategia de preselección opaca, ironizando sobre el desconocimiento ciudadano respecto a los candidatos que participarán en la elección judicial postergada para junio de 2028. Por su parte, el panista Marko Cortés acusó que la reforma no soluciona la falta de profesionalización y que solo busca el control institucional para proteger a funcionarios afines al régimen.
Frente a los duros señalamientos de la oposición, que llegó a tildar los cambios como una estrategia de sometimiento judicial, el senador Gerardo Fernández Noroña rechazó tajantemente las acusaciones. El legislador oficialista defendió que el movimiento busca limpiar las instituciones y acusó a los gobiernos anteriores del PRI y el PAN de haber favorecido la impunidad en el país, calificando a las bancadas opositoras como remanentes políticos del pasado.
Más allá de la confrontación discursiva, el dictamen avanzó con 87 votos a favor, asegurando los cambios clave que reestructuran a la Suprema Corte en dos secciones validadas por el pleno. De igual manera, se consolidó la reducción del mandato de los futuros jueces y magistrados a ocho años (2028-2036) y la posibilidad de reelección por seis años para los actuales integrantes del Tribunal Electoral federal.
