La batalla por el acceso a la información en San Lázaro ha sumado un nuevo e indignante capítulo que pone en tela de juicio la legitimidad de las decisiones legislativas. En una sesión que ha generado una ola de descontento, se aprobó blindar por completo y congelar por un periodo de cinco años todos los expedientes, evaluaciones y deliberaciones que dieron origen a los actuales consejeros del Instituto Nacional Electoral. La oposición no tardó en calificar el acto como un retroceso autoritario.
Según la información recabada y difundida por El Excélsior, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, levantó la voz de manera enérgica para denunciar este avasallamiento. La legisladora panista ventiló públicamente que los funcionarios afines a Morena utilizaron su mayoría en el Comité de Transparencia para imponer la reserva, ignorando las peticiones de los sectores que demandaban un proceso limpio y abierto a los ojos de los mexicanos.
Para López Rabadán, la postura asumida por el comité de San Lázaro contradice flagrantemente los principios más básicos de un sistema democrático. La legisladora sostuvo que cuando las instituciones del gobierno abren sus puertas e informan con total claridad sobre cómo toman sus decisiones, se promueve una mayor participación de la gente, se reducen los márgenes de corrupción y se mejoran significativamente las prácticas dentro del servicio público.
La postura oficial de la Mesa Directiva quedó asentada de forma oficial gracias a la intervención del secretario técnico, Gustavo Flores Gutiérrez. Cumpliendo las instrucciones directas de la diputada presidenta, Flores Gutiérrez leyó ante el comité un enérgico manifiesto donde se asentaba el voto en contra de la Mesa Directiva. En el texto se repudiaba que se catalogara como secreto de Estado un proceso tan relevante como la conformación del árbitro electoral del país.
Los argumentos de la oposición se centraron en que la transparencia bien entendida permite que los ciudadanos ejerzan plenamente su derecho a saber, exijan cuentas claras y colaboren activamente en la construcción de una nación más justa y equitativa. López Rabadán insistió en que el libre acceso a los documentos del INE era indispensable para verificar que el proceso de selección hubiera estado guiado por los valores de la honestidad, el mérito y el respeto.
Sin embargo, el grupo mayoritario prefirió ignorar estas consideraciones, presuntamente para sepultar los escándalos que rodearon la selección de abril. Entre las anomalías que ahora quedarán ocultas se encuentran las sospechas de filtración del examen escrito, donde varios candidatos afines a la llamada Cuarta Transformación obtuvieron puntajes perfectos y sumamente extraños, así como la falta de explicaciones públicas al momento de integrar las quintetas de los finalistas.
Detrás de este cerco a la información se encuentran los funcionarios Aliza Klip Moshinsky, Hugo Christian Rosas de León, Ileana Hidalgo Rioja, Andrés Lozano y Adolfo Román Montero. Diversos analistas políticos coinciden con la oposición en señalar que este bloque administrativo de la Cámara de Diputados opera bajo las órdenes políticas del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, lo que confirmaría el uso faccioso de las áreas técnicas.
