Con el objetivo de blindar el carácter independiente del proceso de selección de juzgadores, la Presidencia de la República envió una propuesta de reforma electoral a la Cámara de Diputados. La meta central es reprogramar los comicios judiciales para el 4 de junio de 2028, separándolos de cualquier contienda de carácter partidista.
Como se menciona en la información de El Excélsior, la iniciativa busca salvaguardar las mesas receptoras de la presencia de representantes de partidos políticos, cuya intervención está prohibida en el reglamento judicial. El plan de trabajo legislativo contempla el desahogo de la reforma en el pleno de los diputados a principios de junio.
La presidenta Claudia Sheinbaum argumentó que la coincidencia de las elecciones de gobernadores y alcaldes con la renovación del Poder Judicial generaba una dualidad normativa difícil de resolver. Al aplazar los comicios a 2028, se garantiza que las casillas operen bajo un marco reglamentario claro y sin interferencias políticas.
Para simplificar la decisión de los ciudadanos, la iniciativa propone un recorte significativo en el volumen de los candidatos participantes. De esta manera, las opciones para el Tribunal de Disciplina Judicial quedarán fijadas en 30 aspirantes, manteniendo un control estricto que garantice la representatividad y el orden.
Luisa María Alcalde, titular de la Consejería Jurídica, detalló que la reducción a dos candidatos por especialidad resolverá los problemas de espacio e interpretación en las boletas. La funcionaria reiteró que el proyecto respeta plenamente la paridad de género y los criterios de elegibilidad establecidos en la Constitución.
La propuesta incluye también facilidades operativas para los funcionarios electorales, permitiendo el conteo de votos en la casilla de origen en lugar de trasladar los paquetes a las sedes distritales. El Ejecutivo solicitó formalmente la apertura de un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión para procesar esta reforma con prontitud.
