El sistema de pensiones del sector público en México atraviesa su transformación más profunda en décadas. Con la reforma que limita las llamadas “pensiones doradas”, el gobierno busca poner un freno al gasto que representan las jubilaciones de lujo, redirigiendo esos recursos hacia otras áreas prioritarias de la administración federal.
De acuerdo con una publicación de El Financiero, el ajuste impactará a más de 93 mil retirados, quienes podrían ver una disminución de hasta el 60 por ciento en su pensión. Esta medida ha generado un fuerte debate sobre la legalidad de modificar beneficios que ya estaban siendo otorgados bajo leyes y contratos colectivos anteriores.
La reforma al artículo 127 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril, es el instrumento que hace posible este cambio. Impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la ley establece que ninguna pensión puede ser superior a los 70 mil pesos mensuales, cifra que equivale a la mitad del sueldo presidencial.
Extrabajadores de Pemex, CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro son los principales afectados. Estos jubilados, muchos de los cuales ocuparon puestos directivos o de confianza, recibían montos que ahora se consideran excesivos bajo el nuevo criterio de austeridad que impera en la política pública actual.
Un punto clave de la reforma es que obliga a los entes públicos a ajustar no solo las nuevas jubilaciones, sino también las vigentes. Esto significa que alguien que ya cobraba más de 70 mil pesos verá su pago reducido al nuevo tope legal, lo que ha desatado una ola de descontento social y movilizaciones en distintas ciudades del país.
La Alianza Nacional de Jubilados ha calificado la medida como un “atentado contra los derechos adquiridos” y ha prometido dar la batalla legal en los juzgados. Afirman que sus pensiones son el resultado de años de deducciones y trabajo, mientras que el gobierno argumenta que el financiamiento público de estas cifras es insostenible y desigual.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido firmemente el proyecto. Sostiene que la reforma elimina privilegios injustos y que el ajuste de montos no es retroactivo en el sentido de que no se cobrará lo ya pagado, pero sí es necesario para que, de ahora en adelante, nadie gane más de lo que permite el nuevo techo constitucional.
