El Instituto Nacional Electoral vive momentos de alta tensión tras la impugnación de la titularidad de su Unidad Técnica de Fiscalización. Lo que comenzó como un ajuste interno por parte de Guadalupe Taddei ha derivado en un juicio ante el Tribunal Electoral, impulsado por consejeros que ven en peligro la autonomía y el rigor legal de la institución.
De acuerdo con lo reportado por La Silla Rota, los consejeros Martín Faz, Carla Humphrey y Arturo Castillo impugnaron el nombramiento de Mario Alberto Alejo García. Argumentan que el proceso, sellado con el oficio INE/PC/194/2026, viola requisitos legales fundamentales para un cargo que requiere independencia técnica absoluta.
La demanda solicita al TEPJF que analice si la consejera presidenta del INE excedió sus facultades al designar a Alejo García. Los consejeros sostienen que estas decisiones deben ajustarse a un marco constitucional que garantiza que las áreas técnicas no respondan a intereses políticos, sino a mandatos de ley estrictos.
Esta disputa se suma a otros problemas recientes del INE, como la necesidad de realizar recortes presupuestarios en sueldos y prestaciones. La coincidencia de estos recortes con el cambio de personal en áreas clave ha generado un clima de inestabilidad que ahora se traslada a la arena judicial del Tribunal Electoral.
El fondo de la discusión es el control de la fiscalización: quién vigila cómo gastan los partidos y con qué criterios se les sanciona. Los consejeros disidentes temen que una integración deficiente de las áreas técnicas debilite la vigilancia electoral y afecte la confianza ciudadana en los resultados de las votaciones.
La Sala Superior deberá emitir un fallo que clarifique el procedimiento de designación. Mientras tanto, el INE se encuentra en una situación incómoda, con su presidenta cuestionada judicialmente por sus propios colegas y un área estratégica funcionando bajo la sombra de la ilegalidad presunta.
