En un paso decisivo para consolidar la austeridad republicana, la Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución. El dictamen fue avalado en lo particular con 343 votos a favor, marcando un hito en la regulación de presupuestos legislativos y salarios electorales. La minuta fue enviada de inmediato a los congresos estatales y de la Ciudad de México para su análisis y efectos constitucionales.
El artículo 134 ahora prohíbe explícitamente que funcionarios electorales utilicen recursos públicos para contratar seguros de pensiones privadas o cajas de ahorro especiales. Las remuneraciones totales de consejeros y magistrados no podrán exceder el tope establecido en el artículo 127 de la Carta Magna. Con ello, se refuerza la transparencia en el manejo de las finanzas de los organismos encargados de la organización de los procesos democráticos, según se explica en un comunicado de la Cámara de Diputados.
A nivel estatal, el artículo 116 mandata un tope presupuestario para los congresos locales, el cual no podrá ser mayor al 0.70 por ciento del presupuesto de la entidad. Esta reducción de gasto permitirá liberar recursos que deberán ser reorientados a proyectos de infraestructura y bienestar. La reforma también exige que los congresos operen bajo principios de igualdad sustantiva y paridad de género en su conformación interna.
En el ámbito de la gobernanza municipal, el artículo 115 limita la integración de los ayuntamientos a un máximo de quince regidurías. Esta medida promueve la eficiencia administrativa y busca que los municipios enfoquen su capacidad presupuestal en servicios directos a la población. Se pretende que el gobierno local sea un espacio de servicio y no una carga burocrática excesiva para los ciudadanos de cada región.
Durante el debate, las reservas de las distintas fracciones parlamentarias fueron retiradas o no admitidas para discusión, dejando el texto del dictamen tal como fue propuesto. La Cámara de Diputados destacó que estas reformas son fundamentales para reducir privilegios en el poder público. El ahorro generado por estas disposiciones se convertirá en un motor para el desarrollo social y el fortalecimiento institucional en los tres niveles de gobierno.
