Para garantizar el derecho a espacios públicos y servicios dignos a las familias del fraccionamiento Santa Cruz Norte, al sur de la capital yucateca, el regidor Diego Carrera solicitó al Ayuntamiento de Mérida investigar el estado jurídico y físico de los predios destinados a parques y áreas comunitarias en la zona.
Actualmente, el desarrollo habitacional —habitado en su mayoría por familias jóvenes— se encuentra en proceso de municipalización. Sin embargo, a pesar de que el plano catastral aprobado incluye áreas públicas que, según el artículo 374 del Reglamento de Construcciones de Mérida y el artículo 151 de la Ley de Gobierno de los Municipios, son bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles, hoy se encuentran bloqueados.
El regidor explicó que, derivado de un litigio entre particulares, el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY) mantiene medidas cautelares y la retención de dichos predios. Ante esto, urgió la intervención de la Subdirección Jurídica del Municipio para defender el uso público de los lotes.
“Las familias que viven en el fraccionamiento no tienen la culpa de los juicios en los que se encuentran las desarrolladoras, pero sí merecen servicios y espacios dignos para sus hijos”, enfatizó Carrera. “Al no contar con espacios recreativos, las infancias y juventudes terminan jugando en las calles, exponiéndose a riesgos innecesarios.”
A la falta de áreas recreativas se suma la deficiencia en el servicio de alumbrado, con luminarias apagadas o de baja intensidad. El regidor señaló que los vecinos pagan el derecho sin recibir una atención digna, lo que representa un incumplimiento a una obligación constitucional y no un mero fallo técnico.
