Más de 300 personas participaron en la Cuarta Jornada de Cursos en Intermediación Inmobiliaria, organizada por el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), para promover una actividad inmobiliaria más profesional, ética y con mayor certeza jurídica en el estado.
La jornada, encabezada por la directora general del Insejupy, Dalia Isela Piña Alberto, se realizó el pasado 20, 21 y 22 de mayo, con 10 horas de capacitación especializada para profesionales vinculados con la intermediación inmobiliaria.
Las actividades presenciales se llevaron a cabo en el Auditorio “Eduardo Urzaiz Rodríguez” de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), mientras que las últimas dos horas se desarrollaron en modalidad virtual, mediante la plataforma Zoom, lo que permitió ampliar el alcance de la capacitación y facilitar la participación de más personas del sector.
Durante la jornada participaron especialistas y servidores públicos con experiencia en materia jurídica, registral, catastral y financiera, entre ellos el titular de la Notaría número 63, Mario Enrique Guzmán Vega, quien impartió las ponencias “Derechos y obligaciones en intermediación inmobiliaria” y “Ética para profesionales de la intermediación inmobiliaria”.
Asimismo, el director del Catastro del Estado, Herbert Martín Ayuso Cambranis, abordó los temas “Desarrollo urbano”, “Sistemas y plataformas registrales y catastrales” y “Tecnología aplicada al ramo inmobiliario”, mientras que el jefe del Departamento de Avalúos del Insejupy, Jaime Alberto Farfán Ruiz, presentó las ponencias “Principios de valuación inmobiliaria” y “Marco jurídico aplicable a los servicios de intermediación inmobiliaria”.
De igual manera, la titular de la Notaría número 54, Claudia Ivonne Ceballos Pantoja, impartió la conferencia “Comercialización, créditos y financiamientos para el sector inmobiliario”.
A través de estos espacios de formación, el Insejupy promueve una intermediación inmobiliaria más transparente, profesional y apegada al marco legal vigente, para generar mayor confianza en las operaciones inmobiliarias y proteger la seguridad jurídica patrimonial de las familias yucatecas.
